El artículo 103.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece que “Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento.” Sin embargo, un primer aspecto a tener en cuenta es que la memoria de ordenación del nuevo Plan General de Marella justifica que su intención no es eludir el cumplimiento de sentencias debido a las compensaciones establecidas para la normalización de viviendas y a su inclusión en el nuevo modelo de ciudad.

Un segundo aspecto igualmente importante es que la declaración de nulidad puede instarse por alguna de las partes personadas en los correspondientes procedimientos judiciales y en la gran mayoría de ellos, la única parte que podría instarlo es la entidad demandante, la Junta de Andalucía, administración que a su vez será la que apruebe definitivamente el Plan General de Marbella.

—————————————–
Alejandro J. Criado Sánchez
Abogado

El magistrado del juzgado de lo contencioso de Melilla, D. Silvestre Martínez García, mostró en su ponencia un criterio favorable a la suspensión de la ejecución de sentencias que pueden acordar una medida como la demolición en el caso de que un municipio esté elaborando un nuevo plan general, dado que este documento puede legalizar lo ilegalmente construido si es conforme con los intereses generales del municipio.

El abogado Alejandro Criado, en su ponencia sobre el proceso de normalización urbanística del avance del PGOU, destacó la importancia del documento de aprobación inicial del PGOU de marbella, que se aprobará y publicará en pocos meses, dado que los criterios del avance sobre normalización se verán materializados en soluciones y propuestas concretas en este nuevo documento.

El catedrático de Derecho Civil, Jose Manuel Ruiz Rico, expuso las dificultades de tipo jurídico con las que se podría encontrar el comprador de una vivienda en el ejercicio de acciones civiles contra el promotor, en el supuesto de la demolición de la vivienda.